La sociedad moderna tiene un soporte esencial en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estos dos componentes aportan ventajas invaluables a todo el rango de actividades económicas, sociales, culturales y políticas que no pueden menospreciarse, y mucho menos desaprovecharse.

Tomando en cuenta las ventajas anteriores, cabe hacer una serie de reflexiones. El crecimiento futuro de los servicios de información y comunicación emergentes, tales como servicios de comunicaciones móviles, compra por television , correo electrónico, telebanco, etc, depende de una estructura segura de tecnologia y comunicaciones, que no aminore la confianza en esos servicios y frene su difusión universal.

Por otra parte la facilidad con que las nuevas tecnologías y sistemas pueden almacenar, distribuir y proporcionar datos relativos a las personas, invadiendo o al menos amenazando la esfera privada, se ve reflejado en la aparición de toda una serie de leyes de protección de datos y derecho a la intimidad. Además, a pesar de los abusos que el sector privado pueda cometer, normalmente los ciudadanos percibimos al Estado como la amenaza mayor a nuestro derecho a la privacidad. La doble percepción del Estado como amenaza y a la vez garante de nuestros derechos, tiene fuertes implicaciones en la discusión del uso de las tecnologías criptográficas a una escala mayor que la actual.

En el ámbito de los que trabajan, discuten o reflexionan sobre la seguridad de los sistemas de información y comunicaciones, se está de acuerdo en que la criptografía es una tecnología imprescindible para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad dentro de la infraestructura actual, y que esa garantía y protección es vital para la existencia de los servicios de ámbito económico y financiero (aunque no se restringe a ellos) que se apoyan en la mencionada infraestructura.

La criptografía podría ofrecer soluciones al conflicto antes apuntado sociedad-individuo, o más bien estado-individuo, proporcionando escenarios en los que el control y acceso a la información no resida exclusivamente en una de las partes, estado o individuo.

Pero tras esta reconocida necesidad de la criptografía, se encuentran aspectos significativos de necesidades de la sociedad en conflicto. Por una parte los ciudadanos desean ver protegidas sus comunicaciones de las escuchas electrónicas y sus datos del uso abusivo e indiscriminado. Por otra parte, parece razonable y legítimo que la sociedad, (y el Estado), desee conservar los medios actuales de lucha contra la delincuencia.

La utilización masiva e indiscriminada de métodos criptográficos podría privar a los gobiernos de obtener el acceso a la información necesaria por una parte, para su propia gestión y por otra, para la protección de la sociedad. Por contra, los métodos propuestos por los gobiernos (como por ejemplo la iniciativa estadounidense EES, v.g. Clipper) tienen, a juicio de las organizaciones de libertades civiles.

Desde un punto de vista de lucha contra el crimen se necesitan técnicas criptográficas que no limiten la capacidad de los gobiernos a actuar ante una orden judicial. Porque en caso contrario, la misma tecnología que protegerá ese derecho a la privacidad, que habremos definido y defendido como absoluto, podría dificultar tremendamente la acción de la justicia así como de otros aspectos evidentes de la seguridad nacional.

Desde el punto de vista de los sectores económicos y financieros la solución no puede implicar el uso de una solución criptográfica simple y fácil de descifrar. En estos momentos, y con una tendencia creciente imparable, en la moderna Sociedad de la Información hay demasiada actividad económica y financiera como para hacer recaer la confianza necesaria en estos sistemas sobre técnicas criptográficas vulnerables.

Y en resumen plantearía las siguientes interrogantes que debemos plantearnos para poder formar un juicio negativo o positivo de la criptográfia.

• ¿Cuán importante es proteger a la sociedad frente a criminales y terroristas?

• ¿Es esta protección más importante que proteger nuestra privacidad frente a cualquier amenaza, incluyendo los abusos por parte del Estado?

• Es un hecho claro que nuestra privacidad puede ser completamente garantizada (tanto a nivel de datos como de comunicaciones) con el uso de la criptográfía. Pero ..¿queremos llevar ese derecho a la privacidad al límite?

• ¿Quién debe tomar las decisiones concernientes al uso de la criptografía en entornos comerciales y privados?

• ¿Qué papel debe asumir la sociedad civil en este proceso?

• ¿Cómo se habilitarán los necesarios servicios de certificación, TTPs (terceras partes confiables), notarías electrónicas, etc? ¿Qué modelo, intervencionista o autorregulador, es más adecuado o preferible en la situación actual?

• ¿Seremos capaces las partes implicadas en el debate: ciudadanos, tecnólogos, juristas y políticos, de aportar soluciones y políticas criptográficas que satisfagan a todas las partes?